CHILE: Una Introducción al Derecho Público  

El proceso constituyente

Como consecuencia del rechazo ciudadano al texto de nueva Constitución propuesto por la “Convención Constitucional”, a fines de 2022 se dio inicio a un nuevo proceso constituyente mediante la suscripción de un acuerdo entre la mayor parte de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Este acuerdo estableció la redacción de una nueva propuesta de texto constitucional por parte de 24 expertos (designados en marzo de 2023 por el Congreso Nacional según cuotas de representación parlamentaria) y por un “Consejo Constitucional” compuesto por 50 personas electas democráticamente mediante un plebiscito de carácter obligatorio que se llevó a cabo el 7 de mayo de 2023.

En términos generales, los expertos elaboraron un anteproyecto, que tuvo como marco obligatorio un conjunto de 12 bases institucionales definidas previamente, entre las que se encuentra el reconocimiento en el texto:

·       de que Chile es una República democrática;

·       que se organiza como un Estado social de Derecho;

·       que se trata de un Estado unitario y descentralizado;

·       que el Estado protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales de las personas –tales como el derecho de propiedad, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, entre otros–;

·       que reconoce a los pueblos originarios como parte de la nación chilena;

·       que el Estado se organiza en tres poderes separados e independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial);

·       que cuenta con ciertos órganos autónomos como el Banco Central, el Ministerio Público y la Contraloría General;

·       que el Estado consagra el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad a nivel constitucional;

·       que el Estado reconoce que la soberanía tiene como límites la dignidad humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, entre otros aspectos.

El anteproyecto debe ser revisado por los consejeros electos, quienes contarán con un plazo de 4 meses para aprobarla propuesta, pudiendo incluir modificaciones o incorporar nuevas normas.

Finalmente, el texto de nueva propuesta de Constitución que sea aprobado por el Consejo Constitucional deberá ser ratificado por la ciudadanía mediante un plebiscito de carácter obligatorio, que será llevado a cabo el 17 de diciembre de 2023.

A la fecha de redacción de este texto, y por los avances en el actual proceso constituyente, es posible esperar un texto de carácter minimalista, con un enfoque institucional y procedimental, dejando, por tanto, a la regulación legal la dictación de reglas específicas que puedan comprometer a las industrias reguladas.

Novedades desde el Derecho Público para las actividades reguladas

A continuación destacamos ciertos pronunciamientos de los órganos que han resuelto conflictos jurídicos de interés en el ámbito administrativo y regulatorio, desarrollando criterios jurídicos relevantes para las actividades reguladas.

Pensiones y seguridad social

Considerando la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto el alza de los precios de los planes de base anual de las Instituciones de Salud Previsional, más conocidas como “Isapres”, al estimarse arbitraria la adopción de un aumento general a los afiliados, la Superintendencia de Salud publicó el Indicador de Costos de la Salud. Este indicador fijó un porcentaje de 2,6%máximo como umbral de adecuación de los planes de salud por parte de las Isapres, debiendo estas informar a la autoridad de su decisión y ajustarse al costo operacional promedio que tuvo la institución durante el año anterior.

Por otra parte, debido a que la Corte Suprema ordenó a la Superintendencia de Salud elaborar una tabla de factores única para las Isapres y restituir ciertos cobros extra a los afiliados –lo que ha tenido un relevante impacto en el mercado– se espera que existan modificaciones legislativas y regulatorias en este sector.

Energías renovables y evaluación ambiental

Respecto del desarrollo de proyectos con energías renovables, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó una guía de criterios de evaluación ambiental, abordando los antecedentes que deben presentar los titulares de proyectos en la descripción de sus propuestas de producción y almacenamiento de hidrógeno verde, ingresadas a evaluación ambiental, teniendo en consideración las actuales políticas públicas que ha impulsado el Ministerio de Energía. Esta guía presenta en detalle los procesos fundamentales que conforman la cadena de valor del hidrógeno verde.

Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental recientemente publicó una guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de unificar los criterios, antecedentes y requisitos aplicables a estos proyectos.

Funcionarios públicos

Sobre el régimen laboral de los funcionarios públicos, la Corte Suprema ha indicado que el principio de la confianza legítima, que vela por la estabilidad de las decisiones del Estado frente a los particulares, puede ser invocado una vez transcurridos 5 años de trabajo a “contrata” (un régimen laboral mixto común en la Administración chilena que sujeta a los funcionarios públicos principalmente a la regulación del Código del Trabajo), por lo que la decisión de poner término anticipado a ella, o no proceder a su renovación, respecto de personas vinculadas con la Administración por más de dicho periodo de tiempo, atentaría contra el principio antes descrito, protegiéndose la expectativa de terminar el periodo de su designación y ser recontratado.  

En ese contexto, al vínculo estatutario de los trabajadores que se encuentran protegidos por el principio de la confianza legítima solo puede ponérsele término a través del sistema de calificaciones o de un procedimiento disciplinario, no pudiendo entonces invocarse la sola circunstancia de haberse vencido el periodo de designación de la contrata funcionaria.

Sin perjuicio de la mencionada posición mayoritaria adoptada por la Corte Suprema, en la jurisprudencia también se ha invocado y reconocido el principio de la confianza legítima transcurrido un periodo de tiempo inferior a los 5 años de trabajo a contrata, lo que ha abierto un interesante debate respecto de la construcción del estándar para invocar este principio.  

Reforma tributaria

Por último, resulta relevante destacar que el Gobierno presentó un proyecto de ley de Reforma Tributaria, que fue rechazado en el Congreso en marzo de 2023, lo que ha generado una serie de conversaciones entre los distintos actores de la industria y del gobierno con el fin de evaluar modificaciones normativas en este ámbito, que conciten el apoyo del Congreso para su aprobación.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ha evaluado las alternativas para obtener el financiamiento necesario para llevara cabo diversas políticas públicas propias del programa de Gobierno, mediante iniciativas de royalty minero, impuestos a los grandes capitales, entre otras iniciativas recaudatorias que pueden tener impacto sobre las actividades reguladas.

En concreto, una de las iniciativas que se ha impulsado en ese sentido es el alza de los impuestos verdes, mecanismo mediante el cual se gravan las emisiones al aire de MP, CO2 y otros compuestos de ciertos establecimientos, lo que tiene influencia en las decisiones financieras que deberán adoptar los titulares de proyectos y las medidas de compensación y reducción de emisiones que deberán incorporarse en sus operaciones.