Hoy 22 de abril de 2025 se conmemora la 55ª edición del Día de la Tierra, instancia que, desde sus orígenes en 1970, ha servido como un llamado de atención sobre las urgencias ambientales que ha enfrentado la comunidad internacional a lo largo del tiempo.

En cada edición, un lema guía la conversación global, reflejando los desafíos ambientales de cada época. Este año, bajo el lema “Our Power, Our World”, se hace un llamado a triplicar la generación de energía renovable a nivel mundial para el año 2030.

Aunque el lema no impone obligaciones jurídicas, representa una oportunidad para que los Estados reafirmen y profundicen sus compromisos climáticos.

En este contexto, Chile ha definido a la transición energética como un eje estructural de su estrategia climática. Con la dictación de la Ley N°21.455 Marco de Cambio Climático (LMCC) en el año 2022, el Estado de Chile se comprometió a transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.

Para cumplir esta meta de carbono neutralidad, la transformación del sistema energético es clave, considerando que el sector energía, hasta el año 2022, representaba alrededor del 77% de las emisiones nacionales de GEI.

Por lo anterior, se han desplegado diversas estrategias y políticas públicas, siendo una de las más relevantes la actualización en 2022 de la Política Energética Nacional (PEN), la cual se estructura en 3 grandes propósitos: (i) Alcanzar una matriz energética sustentable y baja en emisiones de GEI, velando por el cumplimiento de los compromisos climáticos; (ii) asegurar el acceso universal a servicios energéticos sustentables; y, (iii) promover, desde la energía, el desarrollo del país, bajo un enfoque sustentable.

El primero de estos propósitos es, sin duda, el más ambicioso, puesto que dentro de sus metas, busca reducir las emisiones de GEI en el sector energía a niveles que contribuyan a adelantar el cumplimiento de la meta de carbono neutralidad establecida en la LMCC. Esto, mediante la reducción de -al menos- un 30% de las emisiones al 2030, y asegurando que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables para el mismo año.

Así las cosas, Chile se presenta como un país que ha adoptado la transición energética como una política de Estado y, en ese sentido, no solo se ha comprometido con los objetivos internacionales en la materia, sino que ha establecido metas más ambiciosas, con el propósito de liderar la transición energética en la región.

Con todo, para traducir esos objetivos en proyectos concretos se requiere un entorno regulatorio ágil y predecible. El retraso en la evaluación o autorización de estos proyectos puede comprometer el cumplimiento de las metas establecidas.

En esa línea, a finales de 2024 se promulgó la Ley N°21.721 de Transición Energética, con una serie de modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, posicionando a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, facilitando la inversión en infraestructura y la integración de energías renovables en el sistema eléctrico nacional.

Por otro lado, en el Congreso se están tramitando proyectos de ley que buscan reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el régimen de autorizaciones sectoriales, con el fin de reducir plazos, otorgar mayor certeza jurídica, priorizar proyectos estratégicos e impulsar la inversión en Chile. Estas reformas resultan claves para viabilizar el desarrollo de proyectos asociados a fuentes de energía renovable o de cero emisiones, como el hidrógeno verde (H₂V), cuya implementación ya se proyecta en diversas regiones del país.

Así, este Día de la Tierra 2025, más que una conmemoración simbólica, debe ser una instancia para revisar nuestro marco institucional y normativo para asegurar una transición energética efectiva, que pueda hacer frente a los desafíos de la crisis climática.