El Pleno de la Corte Suprema consensuó las bases para una propuesta de reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial, la que fue entregada a inicios de julio al ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Tal como indica el propio Pleno, dicha iniciativa surge tras años de estudio y discusión por parte de la Corte Suprema, enfocándose en separar las funciones jurisdiccionales de aquellas que no lo son, para permitir que los jueces se dediquen exclusivamente a impartir justicia. La propuesta también considera la creación de órganos autónomos encargados de las funciones no jurisdiccionales, con la intención de dotarlos de autonomía constitucional.
Así, en primer lugar, la Corte destaca la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Para ello, sugiere la creación de uno o más órganos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encarguen de las tareas no jurisdiccionales. Estos órganos deberían estar constituidos de manera que garanticen la independencia y autonomía necesarias para cumplir con sus funciones.
Asimismo, y con el objeto de evitar la concentración de poderes y asegurar una administración eficiente, la Corte propone la creación de tres Consejos o Unidades Macrozonales (norte, centro y sur del país), que serían responsables de los nombramientos dentro de sus respectivos territorios y trabajarían de manera coordinada con un Consejo o instancia nacional. Este último tendría competencias de alcance nacional y podría conocer las reclamaciones de las decisiones de los Consejos Macrozonales. La descentralización fue ampliamente discutida, y se decidió, por mayoría, optar por 3 Consejos Macrozonales en lugar de 17 consejos regionales.
Los nuevos órganos tendrían varias competencias clave, incluyendo la formación y capacitación de jueces, la carrera funcionaria, la evaluación de desempeño, la responsabilidad disciplinaria, la administración y gestión de recursos, el control de la gestión y oportunidad de las resoluciones judiciales, y la comunicación y difusión de sus labores –sin perjuicio de la necesaria comunicación que deba hacerse sobre las decisiones jurisdiccionales–.
En particular, respecto de la carrera funcionaria, se propone que los Consejos o Unidades Macrozonales sean responsables de todos los nombramientos, traslados y permutas de los funcionarios judiciales, exceptuando los ministros y fiscales de las cortes de apelaciones, cuya designación seguiría siendo competencia del Consejo Nacional. Del mismo modo, al Consejo Nacional le correspondería elaborar las quinas para nombrar a los miembros de la Corte Suprema y su Fiscal Judicial, así como conocer, en segundo grado, de las decisiones que en su ámbito dicten los Consejos o Unidades Regionales. Tratándose del nombramiento de los ministros y ministras y del fiscal judicial de la Corte Suprema, por mayoría, se estimó adecuado mantener la participación de los 3 poderes del Estado, esto es, que los ministros sean designados por el Presidente de la República, quien los elige de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propone la Corte Suprema, y con acuerdo del Senado.
Por último, en relación con los notarios, conservadores y archiveros, el Pleno de la Corte reiteró la necesidad de suprimirlos de la órbita de la administración de justicia, debiendo, por tanto, excluirse cualquier participación del órgano de gobierno judicial respecto de esos funcionarios.
Así, la propuesta del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramientos se erige como un paso significativo hacia la modernización y mejora del sistema de justicia en Chile. Al separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas y crear órganos autónomos para estas últimas, se busca garantizar una mayor eficiencia, transparencia y equidad en el proceso de nombramiento y gestión del personal judicial.