El pasado 28 de enero se publicó en el Diario Oficial la actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial (“Política de IA”). Esta modificación se ha realizado en aras de alinear la estrategia del país con los avances tecnológicos y los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial.
Desde su primera versión en 2021, la Política de IA ha sido la hoja de ruta para el desarrollo de la misma en Chile. Sin embargo, el vertiginoso avance de esta, la mejora de las tecnologías complementarias, su progresivo impacto en múltiples sectores de la industria y sociedad, y la necesidad de aportar al crecimiento económico nacional, han demandado su actualización.
La Política de IA se centra en 3 principios. En primer lugar, enfatiza la necesidad de desarrollar y utilizar la IA de manera ética, al promover un enfoque centrado en el ser humano y considerar como elementos clave la supervisión humana junto a la rendición de cuentas. En segundo lugar, reconoce la potencialidad de la IA para “diversificar la matriz económica y hacer más productivas las industrias”. Y, en tercer lugar, fomenta la articulación internacional y multiactor, por medio de la colaboración y diálogo en la investigación y desarrollo entre el sector privado, el sector público y la academia.
Adicionalmente, la Política de IA promueve diversos objetivos y acciones orientadas a tres ejes. El primero de ellos es el de los “Factores Habilitantes”, tales como el desarrollo de talento, una adecuada conectividad e infraestructura tecnológica, el favorecimiento de la disponibilidad de datos y su adecuada protección, en el caso de los datos personales. Otro eje contempla el “Desarrollo y Adopción”, referente a la apertura de espacios de investigación, innovación, emprendimiento y desarrollo económico en base a la tecnología, dentro del cual destaca el incentivo a la adopción de la IA en la industria y la aceleración de la modernización del Estado mediante la IA. Finalmente, el último eje considerado por la Política de IA es el de “Gobernanza y Ética”, que se enfoca en distintos ámbitos relevantes, de los cuales es posible destacar la necesidad de contar con una regulación e institucionalidad suficientes respecto de los sistemas de IA, la protección del medioambiente y el combate de la crisis climática en relación con el avance de los sistemas de IA, el complemento entre la tecnología, la IA y la creatividad en materia de propiedad intelectual, y el desarrollo de un ecosistema digital seguro.
De este modo, esta actualización de la Política de IA –liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación– introduce nuevas exigencias en materia de gobernanza y ética, incorporando estándares internacionales para su desarrollo e implementación.
Ahora bien, la Política de IA se enmarca en un contexto carente de un marco regulatorio nacional específico para la IA.
Es aquí donde cobra especial relevancia el proyecto de ley que “Regula los Sistemas de Inteligencia Artificial”, ingresado en el mes de mayo de 2024 por el Gobierno y que actualmente se tramita en el Congreso. Su objetivo es establecer principios y reglas que permitan la adopción de esta tecnología de manera segura, respetuosa de los derechos fundamentales y alineada con el interés público.
El Proyecto recoge la tendencia regulatoria internacional y adopta un enfoque basado en riesgos similar al de la Unión Europea al clasificar a los sistemas de IA en 4 categorías: (i) de riesgo inaceptable, correspondiente a sistemas que son prohibidos por su potencial de manipulación, vigilancia masiva o discriminación; (ii) de alto riesgo, sujetos a estrictos requisitos de transparencia, supervisión humana y seguridad; (iii) de riesgo limitado, que requieren medidas de información clara a los usuarios; y, (iv) sin riesgo evidente.
Esta estructura entregaría un marco adaptable a distintos usos de la IA, con límites claros para prevenir abusos y mitigar riesgos, junto con evitar una regulación excesivamente restrictiva que frene la innovación.
Ahora bien ¿cómo se relaciona la Política de IA con el Proyecto? Uno de los aspectos más destacables de la actualización de la Política de IA es su énfasis en la ética y la gobernanza de la IA, el respeto de los derechos fundamentales, la equidad, la transparencia y la explicabilidad. En este sentido, existen importantes puntos de convergencia con el Proyecto, que también incorpora principios como la transparencia, la explicabilidad, la seguridad desde el diseño, la protección de datos personales y la supervisión humana.
Otro punto relevante de coincidencia entre la Política de IA y el Proyecto es la institucionalidad encargada de velar por el cumplimiento de estas normativas. Según el Proyecto, la Agencia de Protección de Datos Personales jugará un rol clave en la fiscalización de los sistemas de IA, cuya capacidad técnica y operativa será determinante para garantizar que la regulación no quede solo en el papel.
No obstante, la gran diferencia entre la Política de IA y el Proyecto radica en que la primera establece lineamientos generales, mientras que el segundo propone normas concretas y exigibles. Mientras la Política de IA se centra en recomendaciones, la legislación establecerá obligaciones, mecanismos de fiscalización y sanciones en caso de incumplimiento.
En definitiva, Chile tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en la regulación ética y responsable de la IA en América Latina. Para ello, sin embargo, es necesario avanzar con determinación en la creación de un marco normativo sólido, flexible y adaptado a los desafíos que esta tecnología plantea. Así las cosas, mientras no avance la tramitación legislativa del Proyecto, la Política de IA continuará siendo una mera guía de lineamientos generales, carente de fuerza vinculante, obligaciones específicas y sanciones en caso de incumplimiento.