El día mundial del océano reconoce su importancia como sustento para la vida, en sus distintas formas. Uno de sus principales contaminantes es el plástico, cuya regulación tiene un marcado espíritu de protección de los océanos. Igual finalidad comparten las distintas políticas y campañas promovidas por la comunidad internacional y nacional; y, las posibles soluciones que se han diseñado para enfrentar la contaminación por plástico.
Según fuentes nacionales e internacionales, cada minuto se vierten plásticos al océano en una cantidad equivalente a un camión de basura. Esto corresponde a 11 millones de toneladas anuales y se estima que para el año 2040 estos valores se tripliquen alcanzando entre 23 y 37 millones de toneladas de plástico al año. Y es que según alerta un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (“PNUMA”), el 85% de los residuos encontrados en el mar corresponden a plásticos.
La presencia de dicho contaminante en los océanos afecta a su flora y fauna, así como también a las personas que se alimentan de sus productos. Las cifras son alarmantes: investigadores de la comunidad internacional han señalado que las personas que consumen alimentos provenientes del mar ingieren hasta 11.000 fragmentos de plástico al año. Aún peor, según estudios recientes desarrollados por la Universidad Libre de Ámsterdam, se detectaron por primera vez diminutas partículas de plástico en la sangre humana.
Una de los causantes de este problema radica en que sólo un 9% del plástico fabricado, a nivel mundial se recicla, el 12% se somete a un proceso de incineración, y el porcentaje restante, se deposita en rellenos sanitarios o vertederos, o bien se encuentra esparcido en el medio ambiente.
Para hacer frente a esta preocupante situación, surge el marco legal que regula los plásticos, el que tiene como objeto transversal la protección de los océanos. Y es que la regulación de este contaminante se torna aún más relevante si se tiene como antecedente que Chile es el país más biodiverso del mundo en mamíferos marinos, albergando un total de 56 diversas especies.
En línea con lo anterior, una de las primeras iniciativas nacionales fue la dictación de la Ley N°21.100, que “Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional”, la que entró en vigencia en febrero de 2019. Esta ley, constituye, entre otras cosas, un esfuerzo del legislador para hacer frente a los efectos negativos que genera en el océano la presencia de los plásticos.
En igual sentido, meses después, se publicó en el Diario Oficial una modificación al Código Penal, tipificando como falta “el ensuciar, arrojar, o abandonar basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas (…) o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial”. Igual que en el caso de la norma anterior, la historia de la ley que incorpora esta nueva falta, señala que ella responde a que el principal residuo presente en las playas es, precisamente, el plástico, residuo de gran movilidad y que fácilmente se incorpora al medio marino.
Asimismo, en marzo de 2019, se publicó el decreto que establece metas de recolección y valorización del producto prioritario envases y embalajes, imponiendo a quienes introducen al mercado nacional bienes de consumo envasados o embalados la obligación de gestionar los residuos que se generan de los envases al término de su vida útil. Dentro de los envases y embalajes se encuentran aquellos conformados por plásticos. Esta obligación será exigible a partir de septiembre del año 2023, y tiene como meta llegar al 45% de reciclaje material de plásticos de categoría domiciliaria al año 2034, y del 55%, al año 2031 respecto de los envases no domiciliarios.
Posteriormente, con fecha 6 de agosto de 2021 se publicó la Ley N°21.368 que “Regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, y modifica los cuerpos legales que indica”, la que nace, como indica la historia de su tramitación legislativa, a partir del reconocimiento del plástico como una amenaza a la biodiversidad nacional.
Por último, recientemente la Convención Constitucional publicó el Borrador de Nueva Constitución, en el que estableció dentro de los deberes del Estado de Chile, la conservación, preservación, y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos; elevando a rango constitucional la protección de estos singulares ecosistemas.
Acompañando a estos profundos cambios regulatorios, se han establecido políticas o programas de iniciativa pública y privada –nacionales e internacionales– para la gestión y disminución de los plásticos, las que también establecen transversalmente entre sus objetivos la protección de los océanos. Entre ellas, se destacan: (i) la New Plastics Economy o Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos, liderada por la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; (ii)la Hoja de Ruta de Economía Circular, publicada y liderada por el Ministerio del Medio Ambiente chileno el año 2021; (iii) el Pacto Chileno de los Plásticos; (iv) la Propuesta Estrategia Nacional sobre Residuos Marinos y Microplásticos; y, (v) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Todas ellas, iniciativas que reconocen el efecto contaminante del plástico en los océanos.
Sin ir más lejos, el (i) Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos, tiene por objeto proteger el medio ambiente mediante la generación de una nueva economía circular del plástico, de forma tal que nunca se convierta en residuo. Este compromiso global se ha materializado mediante pactos nacionales por los plásticos, en Reino Unido, Francia, Chile; y, mediante pactos continentales, como el Pacto Europeo de los Plásticos.
En igual sentido, se publicó el año 2021 la (ii) Hoja de Ruta de Economía Circular, que corresponde a un plan estratégico que define objetivos y metas a largo plazo, y que precisa las principales iniciativas para alcanzarlas. En dicha hoja de ruta, el plástico corresponde a una materia que permea todo su desarrollo, estableciéndose diversas metas para que Chile transite a una economía circular al año 2040. A modo de ejemplo, en ella se propusieron diversas acciones para la iniciativa 21 para “Fortalecer el impulso de la economía circular a nivel internacional”, destacándose: asegurar la materialización de la visión plasmada en el New Plastics Economy Global Commitment; participar activamente en la Plataforma para Acelerar la Economía Circular (PACE); impulsar la implementación de la Hoja de Ruta hacia una Gestión Sostenible de Plásticos y la agenda de residuos marinos impulsadas por la Alianza del Pacífico; entre otras.
Así también, (iii) el Pacto Chileno de los Plásticos, señala que uno de los principales problemas medioambientales es la degradación de sistemas naturales debido a la fuga de plásticos a distintos ecosistemas y especialmente a los océanos. Así, sostiene que de mantenerse los niveles de consumo y disposición de plásticos, “para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos”. Como respuesta a lo anterior, el pacto informa como sus ejes fundantes: eliminar los envases de plásticos de un solo uso, innecesarios y problemáticos; asegurar que los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables; aumentar su reutilización, recolección, y reciclaje; y, aumentar el contenido reciclado en envases de plástico para impulsar la demanda de material reciclado, estableciéndose un conjunto de metas para el año 2025.
Cabe destacar además que en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC 2019, Chile lideró el establecimiento de una hoja de ruta sobre desechos marinos para la protección de los océanos y el ecosistema marino, la que fue aprobada por las 21 economías APEC. Para la implementación de esta hoja de ruta, el Ministerio del Medio Ambiente chileno se encuentra actualmente elaborando una (iv) Estrategia Nacional sobre residuos marinos y microplásticos que establece como elementos prioritarios para la protección de los océanos la debida gestión del plástico y las artes de pesca.
Por último, (v) la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen un objetivo específico para la protección de los océanos: el Objetivo 14, consistente en “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. En él, destaca la meta 14.1, por la que se busca “De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes”.
En este contexto, es importante tener a la vista que tanto la comunidad internacional como nacional han advertido que una de las soluciones previsibles a la contaminación del plástico es la economía circular; la que se materializa en medidas tales como: la eliminación de envases de plásticos innecesarios a través del rediseño y la innovación; la promoción de modelos de reutilización; la fabricación de envases de plástico 100% reutilizables, reciclables o compostables; la valorización efectiva a través de la reutilización, reciclaje, o compostaje; la exclusión en la fabricación de los plásticos los productos químicos peligrosos; y, el aseguramiento de la salud y seguridad de las personas involucradas en todo su ciclo de vida.
Para recoger los compromisos anteriores, el Borrador de Nueva Constitución estableció como mandato para el Estado el fomento de la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular, elevando a rango constitucional el deber del Estado de promover un determinado modelo de producción y consumo basado en la economía circular, y con ello, la implementación de sus 3 principios: eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño; mantener los productos y materiales en uso; y, regenerar los sistemas naturales.
En síntesis, parece evidente que la regulación de los plásticos se encuentra en directa relación con la protección de los ecosistemas marinos y su flora y fauna; y, por consiguiente, aunque sea sólo de forma indirecta, también lo hace respecto de la seguridad alimentaria por el consumo de alimentos marinos. Como solución a lo anterior, existe consenso nacional e internacional sobre el valor de la economía circular como herramienta para cambiar las formas de consumo y producción, y con ello, incentivar modelos más sostenibles en el tiempo y que busquen, en último término, el objetivo de proteger nuestros mares y océanos.