La 49th Annual Conference on International Antitrust Law & Policy de este año contó con la participación de autoridades de las principales jurisdicciones en las que se desarrolla el derecho de la competencia, como Lina Khan, Tim Wu, Jonathan Kanter, Andreas Mundt, Margrethe Vestager, Gina Cass-Gottlieb y Alexandre Cordeiro, entre otras; diversas personas del mundo de la academia –entre ellas Eleanor Fox, William Kovacic y Harry First; y también otros profesionales dedicados a la práctica del derecho en estudios jurídicos y empresas. Durante la instancia, se trataron aquellas materias más discutidas en esta área del derecho en el último tiempo, así como los principales desafíos que ésta tendrá que enfrentar en los próximos años.
Se expusieron distintas visiones respecto del análisis de operaciones de concentración y nuevas tecnologías, en particular, respecto de la necesidad de regulación ex ante o de posibilidades de intervención ex post. Se destacó que los problemas de los mercados digitales se enfrentan en todas las industrias, pues todas ellas están usando nuevas tecnologías, y de allí que sea tan relevante hacerse cargo de esta materia.
En relación con lo anterior, se debatió sobre la necesidad de contar con nuevas herramientas que permitan hacer frente a las actuales formas de poder empresarial, particularmente de las grandes plataformas de tecnología; y sobre cómo la Digital Market Act es el resultado de los esfuerzos que en la Unión Europea se han llevado adelante para resolver algunos de los riesgos de manejo de la información en esta industria. Otro tema discutido fue el rol que deben tenerlas eficiencias en los análisis de competencia y los desafíos probatorios que éstas presentan para las partes en una operación de concentración.
Asimismo, se ahondó en la importancia de promover un trabajo colaborativo entre las autoridades de las distintas jurisdicciones para lograr un adecuado análisis de los riesgos y de las eficiencias de las operaciones de concentración, permitiendo que las investigaciones sean más eficientes en términos de tiempo. Lógicamente, ello no implica que el resultado del análisis aplicado a cada mercado geográfico en específico deba ser idéntico en todos los casos, pues las realidades de cada país son diversas, pero compartir información relevante y tener un marco de análisis común podría generar amplios beneficios.
Uno de los interesantes tópicos tratados fue sobre si el bienestar del consumidor debía seguir siendo el único bien jurídico protegido por la normativa de libre competencia; o si por el contrario, esta área del derecho debía ser capaz de integrar de algún modo otras consideraciones sociales, como, por ejemplo, temas de sostenibilidad ambiental, de derecho laboral o incluso de seguridad o interés nacional. En lo que existió mayor consenso fue en la necesidad de reforzar el nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen respecto del derecho de la competencia, qué es lo que éste protege, qué facultades tienen sus respectivas autoridades y cómo es que puede ser una herramienta útil para cada persona en su vida cotidiana, pues de otra forma no se cumple con el objetivo que éste está llamado a cumplir y se contribuye a generar una sensación de desprotección de los consumidores frente a los eventuales abusos de ciertos agentes económicos.
Asimismo, se ahondó en las consecuencias que la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido en los diversos mercados a nivel mundial, en especial en la crisis energética global. En ese sentido, la pandemia y esta crisis energética están acelerando la transición hacia economías verdes, lo que en muchos casos ha generado colaboraciones procompetitivas entre empresas competidoras, pero no se puede perder de vista que tales situaciones no están exentas de riesgos anticompetitivos y que requieren ser debidamente conducidas para evitar que éstos se materialicen.
Finalmente, se destacó cómo es que las distintas autoridades de libre competencia a nivel global están intentando nuevas teorías de daño anticompetitivo, instando por otras formas de aproximarse al análisis tradicional de los casos, buscando potenciar una política de cumplimiento de la normativa de competencia, tanto en los análisis preventivos como en los procedimientos sancionatorios, así como también en el diseño de diversas políticas públicas que van más allá de lo que tradicionalmente ha estado vinculado a esta área del derecho; y cómo ello ha incidido también en la forma en que los asesores jurídicos y las propias empresas están diseñando sus estrategias legales.