Recientemente, una gran cantidad de escritores -agrupados en una asociación denominada Authors United- solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigar a la empresa Amazon por presuntas prácticas anticompetitivas y, más específicamente, por estar creando un verdadero -y dañino- “monopolio cultural” en materia de libros.La tesis principal que subyace a la denuncia es la siguiente: basándose en la idea de (in)eficiencia dinámica, los autores sostienen que la política de venta de libros a bajo precio propulsada por Amazon estaría, en el largo plazo, dañando a los consumidores.Si bien la tesis puede sonar, en principio, contra-intuitiva, su razonamiento no es implausible: al llevar Amazon los precios de muchos libros fuertemente a la baja (al parecer, incluso vendería libros bajo costo), estrujaría los márgenes de las casas editoriales, haciéndolas más aversas al riesgo y, por ende, limitando sus posibilidades de financiar autores “menos seguros”. Ello podría silenciar una serie de voces (o, más bien, palabras) que, en otras condiciones, podrían ver la luz y ser parte del acervo cultural de la sociedad.Adicionalmente, los escritores argumentan que esta práctica de Amazon no estaría realmente orientada a vender más libros sino que, a través de las ventas de productos sensiblemente más baratos, buscaría obtener más información de consumo y preferencias de sus clientes para venderles otros productos en los cuales Amazon sí ganaría amplios márgenes de utilidad (práctica denominada loss leading).El argumento es sugerente, mas es asimismo complejo de cuantificar y acreditar en un eventual procedimiento judicial: si de por sí es muy difícil construir contra-factuales de precio competitivo en casos en que se argumenta que el precio ha sido manipulado para estar por sobre ese nivel -el caso paradigmático-; más difícil es construir contra-factuales de variables distintas del precio, en este caso, la riqueza cultural de una sociedad diversa y plural.El surgimiento de este tipo de casos, sin embargo, parece indicar la urgente necesidad de encontrar -desarrollar- más y mejores herramientas analíticas, que incorporen en plenitud en el análisis de competencia, variables tan difíciles de asir como un acervo cultural heterogéneo y creativo.Los precios son, sin duda, una variable extremadamente relevante para (el bienestar de) los consumidores, pero obviamente no es la única. El derecho de la competencia tiene el desafío de dejar atrás la mirada híper-simplificada y seguir avanzando en los esfuerzos por generar modelos que sopesen una mayor cantidad de variables en su justa y adecuada medida.El texto completo de la denuncia puede obtenerse acá.Por su parte, un breve análisis de dicho documento puede leerse en el siguiente link.Fuente: The New Yorker.