Ya desde la antigua Grecia, el deporte profesional puede ser visto como el paradigma de lo que se espera de la libre competencia. Por un lado, se encuentran los deportistas que, individualmente o en equipos, compiten con otros por alcanzar el premio mayor. Por el otro, se encuentra la organización de esas competencias –y la definición del premio– por alguna entidad que sea capaz de fijar los estándares y reglas del juego, maximizando los ingresos de todos los partícipes y dando pie con ello a una industria en su sentido más clásico (otra cosa ocurre con el amateurismo, donde el espíritu de jugar por el sólo placer de hacerlo parece ser el elemento predominante).
El ambiente deportivo que vive nuestro país da espacio para repasar los desafíos que en este ámbito surgen para la libre competencia. Concluida la participación de la selección chilena de fútbol femenino en el Mundial de Francia, en pleno desarrollo de la Copa América 2019 en Brasil, y a pocos días de haberse llevado a cabo la audiencia pública ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Rol C-343-18, resulta útil revisar ciertas novedades que, en un sentido algo similar al proceso seguido ante el TDLC, han surgido en el derecho comparado que sirve como referencia para Chile.
Más concretamente, nos referimos a lo que ha estado ocurriendo en esta materia en Estados Unidos desde el mes de mayo de 2018 (una pequeña digresión: en ese país, el deporte y la libre competencia se han encontrado antes en casos paradigmáticos, por ejemplo en materia de derechos de transmisión televisiva –Chicago Bulls v. NBA (1991)–, o en la comercialización de licencias de propiedad industrial –American Needle v. NFL (2010)–).
En el caso Murphy v. National Collegiate Athletic Assn., la Corte Suprema, en un voto con mayorías contingentes a cada problema legal resuelto, terminó con una prohibición existente desde 1992, permitendo que los distintos estados legalizaran las apuestas deportivas, que se venían desarrollando de forma ilegal en gran parte del país –y en muchas ocasiones a través de plataformas virtuales con sedes en países extranjeros–. Este proceso de legalización validado por la Corte, y que comenzó en Nueva Jersey, se ha ido expandiendo progresivamente.
Lo relevante para estos efectos no es la sentencia en sí misma, sino cómo las industrias, incluido el deporte profesional, van moldeándose para reflejar nuestros tiempos. Así, lo que parecía la discusión de un problema legal típico de muchos países –legalizar o no las apuestas deportivas y en qué terminos– dio lugar a una industria basada en la venta de datos deportivos.
Como un avance exponencial de lo que Moneyball (2011) nos contó hace aproximadamente ocho años (y que según un reportaje del New York Times el Liverpool parece haber perfeccionado), se ha generalizado, esta vez en el mundo de las casas de apuestas, el uso de algoritmos cada vez más sofisticados para evaluar las probabilidades de que un equipo gane, pierda o empate un determinado juego. A mayor cantidad de datos disponibles, mayor será la precisión del algoritmo para predecir un resultado. Aquello reviste de gran utilidad en las apuestas en línea, en que se deben ajustar rápidamente esas probabilidades en función de múltiples variables, tales como la puntuación, el tiempo restante, lesiones, o rendimientos por partido. Es en este contexto que disponer de la información oficial de los clubes deportivos resulta tremendamente útil para las diversas casas de apuestas deportivas.
A nivel mundial, este mercado, que podríamos definir –sin ningún ánimo de precisión legal– como de recolección y tratamiento de datos deportivos, tiene actualmente dos grandes intermediarios en el mundo: Betradar de Sportradar y el sistema Betgenius de Genius Sports, quienes reciben y procesan información de las ligas oficiales y las revenden a las casas de apuestas. Esta industria de datos deportivos presenta diversas características que la hacen digna de un estudio más acabado, como la diferencia de precios por zonas geográficas, por comprador, o las posibilidades de obtener información desagregada.
Sin embargo, actualmente lo que es objeto de mayor discusión en Estados Unidos es la denominada tasa de integridad. Ésta consiste en un pago que pretenden cobrar las ligas estadounidenses de deporte profesional (v.gr. fútbol americano o básquetbol) a las casas de apuestas que utilicen sus datos oficiales para la elaboración de la matriz de apuestas de un juego determinado. Mientras las ligas, que son asociaciones entre competidores creadas para maximizar la competencia entre sus miembros, argumentan que sin ellas no existiría una industria de apuestas –demanda derivada que justificaría, en su opinión, dicho pago– las casas de apuestas se defienden argumentando, entre otras cosas, que –a diferencia de ellas– estas asociaciones profesionales exigen un cobro que no tiene correlato en algún riesgo asumido por su participación en la industria de las apuestas.
Este debate que se ha desarrollado en el escenario deportivo norteamericano, el que recientemente Marc Edelman ha analizado para Forbes, invita a hacerse preguntas que pueden ser interesantes para nuestro país. Por una parte, es legítimo preguntarse hasta qué punto es lícito que las asociaciones deportivas, que centralizan actualmente la información de los distintos clubes que las componen, impidan que los datos que manejan se puedan vender de forma desagregada por cada equipo. ¿Supone ello una suerte de venta atada colectiva? Por otro lado, podría ser interesante discutir si tales asociaciones deportivas tienen derecho a impedir que otras empresas recopilen, traten y moneticen datos de forma independiente a aquellas. Estos conflictos surgen en función de la dominancia que ostentan las asociaciones deportivas respecto tanto de los clubes como de las casas de apuestas, especialmente las de menor tamaño.
El conflicto entre las casas de apuestas y estas agrupaciones recién comienza, pero ya permiten una aproximación a los debates que se podrían ocasionar en Chile al alero del desarrollo del big data aplicado al deporte. No deberíamos pecar de inocencia pensando que estas discusiones no llegarán a nuestro país. Ya hemos vivido varias experiencias en las que las plataformas digitales se han tomado por asalto los mercados de comida, entretención y transporte, entre otras. El mercado chileno de los juegos de azar hoy vive en un particular estanco, el que no parece resolver de manera adecuada la realidad inminente. El desafío pareciera estar en que las autoridades puedan adelantarse a estas situaciones y, por ejemplo, anticipen los riesgos y vacíos existentes en mercados nacionales -tanto frente al escenario actual como respecto de los mercados que nacen a partir de la tecnología-, evitando a futuro tener que lamentar la falta de regulación en el sector, y los conflictos asociados a ello.