La semana pasada tuvieron lugar las XIX Jornadas de Derecho de Energía, evento organizado por el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica de Chile. Nuestra asociada Catalina Irarrázaval, del área de libre competencia y regulación económica, participó en esta actividad, cuyo eje principal fue la institucionalidad y los cambios que han tenido lugar y que se espera se implementen en el mercado eléctrico en el corto y mediano plazo.

Las diversas ponencias y temas tratados resultan de especial interés para la discusión pública actual, y, por cierto, fueron objeto de discusión durante las Jornadas. Las materias que se tomaron las Jornadas fueron la electromovilidad; la modernización del segmento de distribución eléctrica; la forma en que se podría otorgar mayor flexibilidad al sistema eléctrico; y, la discusión acerca de mantener la prohibición –o en su caso la restricción– a la integración vertical que actualmente rige al mercado eléctrico.

Con miras a lo que se viene –siendo una de las materias que sin duda estará presente en la agenda energética de corto plazo–, el recién nombrado Subsecretario de Energía, don Francisco López, adelantó las pretensiones del Gobierno de avanzar activamente en materia de electromovilidad. Ello, mediante acciones concretas, como incluir estaciones para la carga de este tipo de automóviles en las autopistas concesionadas del país o introducir aún más buses eléctricos al sistema de transporte público de Santiago. Adicionalmente, el Subsecretario manifestó la intención de modernizar el segmento de distribución con miras a potenciar la competencia en éste. En virtud de ello, la autoridad mencionó que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso Nacional la llamada “Ley Corta”, que, entre otras materias, establece que las empresas distribuidoras deberán tener un giro único. Destacó, además, que durante este año debiera ingresar a tramitación la denominada “Ley Larga” sobre distribución eléctrica, la que tiene como uno de sus principales objetivos potenciar el desarrollo de un mercado de comercialización eléctrica (es decir, uno con mayor competencia por el cliente final).

Junto con ello, y desde el punto de vista de los cambios que podrían afectar al segmento de la transmisión, resulta relevante considerar los efectos que el plan de descarbonización de la matriz eléctrica generará en dicho segmento. De acuerdo con esto, el Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (“Coordinador”), don Juan Carlos Olmedo, subrayó la relevancia de potenciar nuevos proyectos de transmisión eléctrica y desarrollar los que ya se encuentran aprobados. Ello parece acertado, pues la discusión pública se ha centrado principalmente en los plazos en los que el proceso de descarbonización se materializará, cuando también sería importante hacerse cargo de aquellos elementos que permitirán conectar las nuevas centrales, principalmente de energías renovables convencionales, a la matriz eléctrica.

Otro punto destacado –en la intervención del abogado Daniel Gutiérrez−, es la forma en que puede dotarse de flexibilidad al sistema eléctrico. En su opinión, para enfrentar las contingencias que existirán debido a una mayor inclusión de energías renovables no convencionales a la matriz eléctrica, es esencial otorgarle a la demanda un rol más activo. En ese sentido, según señaló, potenciar reformas que incentiven el uso de los llamados medidores inteligentes o las llamadas smart grids, entre otros, es importante, desde que son herramientas que permiten habilitar a clientes y consumidores como un agente más del sistema eléctrico.

Finalmente, el abogado señor Francisco Brotfeld, de Transelec, abordó los desafíos que presenta la institucionalidad del mercado eléctrico, volviendo sobre un tema relacionado con la libre competencia y discutido precisamente en instancias como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como lo es la prohibición o restricción a ciertas formas de integración vertical que contempla el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos. En la misma línea, expuso sus razones para considerar que dicha norma debía modificarse, centrándose, principalmente, en las reformas que la Ley N°20.936 introdujo en esta materia. En efecto, dicha norma no sólo consolidó definitivamente el principio de acceso abierto al sistema de transmisión, sino que también estableció un proceso regulado de tarificación de este segmento y obligó a licitar los proyectos de obras nuevas y de ampliación de la red. En suma, el expositor manifestó que las nuevas atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica en materia de control preventivo de operaciones de concentración serían una herramienta adecuada para hacer frente a los peligros que para la libre competencia pueden significar integraciones verticales entre el segmento de transmisión y otros. Lo anterior, señaló, parecería ser una opción adecuada, pues dada la normativa actual y el panorama general de ese específico segmento, un análisis caso a caso, en lugar de una prohibición per se, entregaría mayor dinamismo a la industria en su conjunto.