El 4 de mayo de 2026, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un instructivo que regula el proceder de su División de Fusiones al investigar operaciones de concentración, ya sea por denuncia de terceros o por iniciativa propia. Más allá de ordenar procedimientos internos, el documento revela con claridad algo que hasta ahora no constaba explícitamente: la FNE tiene tanto la voluntad como las herramientas para revisar adquisiciones y transacciones materializadas que, aun cuando no hayan debido notificarse previamente, podrían igualmente afectar la competencia, o bien cuando hay sospechas de haberse incurrido en la figura del gun jumping.

En Chile, solo deben notificarse a la FNE las transacciones y adquisiciones que superan ciertos umbrales de ventas, en el marco del control de operaciones de concentración. Por debajo de esos umbrales, la operación puede ejecutarse libremente, sin necesidad de revisión previa. Sin embargo, el DL 211 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia (DL 211) permite igualmente a la FNE investigar esas operaciones si estima que podrían resultar aptas para reducir sustancialmente la competencia; ello, dentro del plazo de un año desde su perfeccionamiento (artículo 48, inciso 9, del DL 211).

Si bien desde 2013 la FNE tiene un instructivo para el desarrollo de investigaciones, este documento es de aplicación general y no contempla las particularidades del instructivo recientemente dado a conocer: foco en fusiones y gun jumping, reconocimiento expreso del monitoreo constante de los mercados, declaración de industrias y actores de interés (sectores concentrados, industrias con historial de sanciones y mercados de bienes básicos como alimentos, salud o vivienda). Así, el instructivo de 2026 contempla algo que no existía hasta ahora: un marco procedimental público y específico para la etapa previa al inicio formal de una investigación en materia de fusiones.

El instructivo refleja una tendencia que desde hace algún tiempo se observaba en las acciones de la FNE: desde 2017 a la fecha, se han iniciado al menos 14 investigaciones de oficio o por denuncia en materia de fusiones, cuya notificación no era obligatoria, o por conductas de gun jumping, en diversas industrias, como la de alimentos, transporte marítimo, farmacéutico, salud, energía, retail y entretenimiento. Algunas terminaron en requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mientras que otras siguieron su curso regular. Así, hoy el mensaje parece ser que materializar una fusión sin notificar no garantiza que la operación quede fuera del alcance de la FNE y, por lo mismo, en un entorno donde el escrutinio sobre concentraciones económicas no hace más que crecer, la pregunta ya no es solo si una operación está obligada a notificarse, sino si es prudente hacerlo de todas formas.